La lista crece: 32 exfuncionarios de ‘Alito’ podrían comparecer ante jueces por presunta corrupción

Por Mario Victorino

La investigación por presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, en Campeche, suma nuevos capítulos. La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccecam) prepara la presentación ante jueces de control de 32 exfuncionarios, a quienes atribuye posibles desvíos de recursos públicos por más de 270 millones de pesos.

De acuerdo con información atribuida a fuentes de la institución, las investigaciones apuntan a un presunto esquema de malversación de recursos públicos mediante empresas factureras, algunas de las cuales habrían tenido domicilios fiscales en Campeche y Ciudad de México.

Las indagatorias abarcan a exservidores públicos que ocuparon cargos en secretarías y organismos estatales durante distintos periodos, además de empresarios que presuntamente habrían recibido recursos públicos de manera irregular.

La cifra de 32 personas corresponde a quienes la Fiscalía busca llevar ante un juez para que se determine su situación jurídica. Esto no significa que hayan sido declaradas culpables, pues las acusaciones deberán ser acreditadas durante los procesos correspondientes.

¿Cómo habría operado el presunto esquema de factureras?

Las investigaciones de la Feccecam se originaron a partir de denuncias presentadas por entes fiscalizadores del estado.

El expediente apunta a que al menos 12 secretarías y dependencias habrían utilizado empresas consideradas por las autoridades como compañías fantasma o factureras para canalizar recursos públicos.

La mecánica investigada consistiría en la contratación o utilización de empresas para justificar operaciones y posteriormente desviar recursos que debían destinarse a servicios, obras o programas públicos.

Entre las áreas donde se habrían detectado irregularidades aparecen Seguridad Pública, Salud, Protección Civil, Turismo y Educación, además de la Unidad de Comunicación Social del gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado, entre otras instituciones.

La investigación busca determinar quiénes autorizaron los pagos, quiénes recibieron los recursos y cuál fue el destino final del dinero.

Ya hay 17 detenidos por investigaciones relacionadas

Las nuevas órdenes y comparecencias se suman a una investigación que ya produjo 17 detenciones de personas que colaboraron en la administración de Moreno Cárdenas.

Los exfuncionarios detenidos han sido señalados por delitos como peculado, mientras que también fue detenido un empresario relacionado con la recepción de recursos provenientes del fideicomiso del 2 por ciento sobre nóminas.

Hasta ahora, todos los detenidos han sido vinculados a proceso, aunque la mayoría enfrenta sus procedimientos en libertad.

De acuerdo con la información disponible, 16 personas llevan sus procesos en libertad y una permanece privada de la libertad.

Exfuncionarios de Seguridad Pública, entre los investigados

Entre los expedientes destaca el relacionado con antiguos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche.

Las autoridades atribuyen un presunto desvío de 30 millones de pesos al entonces secretario de Seguridad Pública, Jorge A. U.; al exsubsecretario en Ciudad del Carmen, Julio L. C.; al director de la Policía Estatal, Samuel S., y a la directora administrativa de esa dependencia, Karla N.

El caso forma parte de las investigaciones que buscan establecer cómo fueron ejercidos los recursos públicos y si existieron operaciones simuladas o carentes de justificación.

También investigan recursos de Obras Públicas

Otro expediente involucra a Álvaro B., exfuncionario de la Secretaría de Obras Públicas.

Las autoridades lo señalaron por un presunto desvío de 1.7 millones de pesos relacionado con la construcción del inmueble conocido como Ciudad Administrativa.

El exfuncionario fue detenido y posteriormente obtuvo su libertad mediante el pago de una fianza, mientras continúa el procedimiento judicial.

Comunicación Social también aparece en las investigaciones

La Unidad de Comunicación Social del gobierno estatal también está bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción.

Uno de los casos más recientes corresponde a Walter O. V., exdirector de Comunicación Social, quien fue detenido por un presunto desvío de 16 millones de pesos.

También se investiga a Carlos Alberto M. H., quien ocupó la dirección de Comunicación Social hacia el final de la administración de Moreno Cárdenas.

Carlos Alberto M. H. fue detenido el 11 de agosto y posteriormente vinculado a proceso por un presunto desvío de 36 millones de pesos. Sin embargo, quedó en libertad después de pagar una fianza de 200 mil pesos.

El caso que mantiene a un excolaborador en prisión

Uno de los expedientes de mayor impacto es el de Ernesto E. C., quien fue contador de Emigdio Moreno Cárdenas, hermano de Alejandro Moreno.

El excontador fue detenido recientemente y vinculado a proceso por un posible desvío de 36 millones de pesos.

Actualmente es, de acuerdo con la información proporcionada, el único de los involucrados que permanece en prisión, en el reclusorio de San Francisco Kobén.

Su relación profesional con el hermano de Alito ha colocado este expediente entre los casos que mayor atención han generado dentro de las investigaciones sobre el manejo de recursos durante aquella administración.

Otros expedientes ya llegaron ante jueces

Las investigaciones también alcanzaron a José Domingo N., exresponsable de Desarrollo Económico, y Pablo N., exdirector del Fideicomiso del 2 por ciento sobre Nómina.

Ambos son señalados por un presunto manejo irregular de 25 millones de pesos.

En este expediente también fue procesado el empresario Miguel Á. D. Q., quien habría recibido recursos destinados a la construcción de una plaza comercial.

El empresario, además, es propietario de la televisora Mayavisión, empresa que también recibió apoyos millonarios cuya comprobación se encuentra bajo investigación.

Exdirectiva del Cobacam también enfrenta proceso

Otro de los expedientes corresponde a Adlemi S. R., exdirectora del Colegio de Bachilleres de Campeche.

La exfuncionaria enfrenta acusaciones por peculado y uso indebido de atribuciones, relacionadas con un monto superior a 3 millones de pesos.

La investigación busca determinar si los recursos fueron ejercidos conforme a la normatividad o si fueron utilizados de manera irregular.

Protección Civil: devolución de dinero evitó detenciones

En el caso de Protección Civil, Édgar N., exdirector de la dependencia, y Mario N., trabajador del organismo, fueron señalados por un presunto manejo irregular de recursos.

Ambos tuvieron que devolver 600 mil pesos para evitar ser detenidos, de acuerdo con la información difundida sobre el expediente.

La devolución del dinero no elimina necesariamente las investigaciones, ya que las autoridades deberán determinar las responsabilidades administrativas o penales que correspondan.

Raúl U. fue uno de los primeros detenidos

Uno de los primeros casos que derivaron en una detención ocurrió en 2023, cuando fue arrestado el entonces secretario de Pesca, Raúl U.

El exfuncionario fue señalado por un presunto desvío de 5 millones de pesos.

Después de permanecer varias semanas privado de la libertad, obtuvo su libertad bajo fianza y continúa enfrentando el procedimiento correspondiente.

La Fiscalía prepara nuevas comparecencias

Con las carpetas de investigación integradas a partir de las denuncias de los órganos fiscalizadores, la Feccecam busca ahora llevar a los 32 exfuncionarios ante jueces de control.

Las comparecencias comenzarían durante este mes y tendrán como objetivo que las autoridades judiciales conozcan las acusaciones y determinen si existen elementos suficientes para iniciar o continuar procesos penales.

El monto de 270 millones de pesos representa la suma de las operaciones que la Fiscalía considera irregulares dentro de las investigaciones.

Sin embargo, será durante los procesos judiciales cuando se determine qué personas tienen responsabilidad penal y por qué montos.

Oposición pide investigar a América Azar

En Campeche, partidos de oposición también han exigido que las investigaciones alcancen a América Azar Pérez, quien se desempeñó como secretaria de Finanzas durante el gobierno de Alejandro Moreno.

Los opositores argumentan que, debido a sus funciones, Azar Pérez habría tenido participación en la autorización y firma de cheques correspondientes a recursos que ahora son investigados.

Hasta el momento, el señalamiento forma parte de las exigencias políticas para ampliar las investigaciones y no equivale por sí mismo a una acusación judicial o una sentencia contra la exfuncionaria.

‘Alito’ responde desde Estados Unidos

Mientras las autoridades de Campeche avanzan con las investigaciones contra antiguos colaboradores de su administración, Alejandro Moreno Cárdenas mantiene una confrontación política con el gobierno estatal y federal.

El priista informó a través de sus redes sociales que realizó una nueva visita a Estados Unidos y que acudió a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para presentar una denuncia sobre lo que calificó como la grave situación que atraviesa México.

Moreno Cárdenas afirmó que existen “violaciones sistemáticas” cometidas por el gobierno federal y denunció la difusión de listas en las que, según sostuvo, se señala a periodistas y ciudadanos.

La acusación política ocurre mientras en Campeche avanzan las investigaciones contra exfuncionarios que participaron en su administración.

La investigación que vuelve a poner bajo la lupa al gobierno de ‘Alito’

La nueva ofensiva judicial coloca nuevamente bajo escrutinio la administración que Alejandro Moreno encabezó en Campeche entre 2015 y 2019.

El punto central de las investigaciones es determinar si existió una estructura organizada para utilizar empresas factureras y otras compañías como vehículos para sacar recursos de las arcas estatales.

La Fiscalía deberá acreditar ante los tribunales tanto la existencia de las operaciones irregulares como la participación individual de cada uno de los acusados.

Mientras eso ocurre, el caso promete convertirse en uno de los principales frentes judiciales y políticos alrededor del exgobernador y actual dirigente priista.