Los cabos sueltos en la desaparición de los mineros en Sinaloa
Harfuch atribuye desaparición de mineros a un "malentendido criminal". Cinco cuerpos hallados en fosa; la incertidumbre crece.
Por Mario Victorino
La investigación sobre la desaparición de diez mineros en el estado de Sinaloa ha tomado un giro estremecedor que pone en tela de juicio la seguridad de los trabajadores en sectores estratégicos. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló recientemente que la principal línea de investigación apunta a una confusión táctica por parte de células delictivas que mantienen una disputa encarnizada por el control territorial. De acuerdo con las declaraciones del funcionario, los trabajadores fueron interceptados mientras se trasladaban a sus labores habituales en una zona de alta tensión; sus captores, en un clima de paranoia interna, habrían interpretado su presencia como una incursión de un bando contrario. Esta explicación oficial ha generado una profunda indignación entre los familiares y colectivos de búsqueda, quienes rechazan que la vida de personas inocentes sea reducida a un simple error de cálculo en una guerra que no les pertenece.
El hallazgo de las fosas y la crisis de identificación
Tras intensos operativos de búsqueda en zonas de difícil acceso de la sierra sinaloense y con el apoyo de tecnología de rastreo terrestre de última generación, se confirmó la localización de una fosa clandestina que contenía los restos de al menos cinco personas. La complejidad del terreno y el estado de los hallazgos han obligado a que el Servicio Médico Forense y la Fiscalía General del Estado implementen protocolos de identificación humana de alta especialidad. Actualmente, otros cinco cuerpos encontrados en el mismo perímetro se encuentran bajo análisis de ADN para determinar si corresponden a la totalidad del grupo de trabajadores desaparecidos. Esta espera agónica evidencia nuevamente el rezago forense en la entidad y la necesidad de peritajes externos que den certeza sobre la identidad de las víctimas ante la magnitud de lo que parece ser una ejecución colectiva.
Impacto en la industria minera y el abandono estatal
El caso deja abiertos interrogantes fundamentales sobre la responsabilidad corporativa y la presencia del Estado en comunidades remotas donde la minería es el motor económico. Se investiga si la empresa encargada de la explotación contaba con los protocolos de seguridad necesarios para proteger a su personal o si existían amenazas previas de extorsión que fueron ignoradas por las autoridades locales. La falta de vigilancia efectiva en estos puntos ciegos ha permitido que los grupos criminales impongan su propia ley, estableciendo retenes y puntos de control donde cualquier movimiento no identificado es castigado de forma letal. Para las cámaras empresariales del sector, este evento representa un golpe demoledor a la confianza de los inversionistas y a la viabilidad de la minería en zonas donde el Estado ha cedido el control de facto a organizaciones delictivas.
La respuesta del Gabinete de Seguridad Nacional
En respuesta a la crisis, el Gabinete de Seguridad ha ordenado un despliegue adicional de la Guardia Nacional y fuerzas especiales del Ejército para blindar los corredores mineros de la entidad. Sin embargo, diversos analistas en materia de seguridad advierten que la estrategia de reacción posterior a los hechos es insuficiente para desarticular el control que el crimen organizado ejerce sobre las rutas de transporte y los centros de trabajo. El titular de seguridad ha enfatizado que no habrá impunidad y que se busca dar con los líderes de la célula responsable de este ataque a civiles. La exigencia de las organizaciones civiles es clara: el caso no debe ser archivado bajo la etiqueta de una confusión, sino que debe servir como precedente para establecer mecanismos preventivos reales que garanticen que ningún trabajador mexicano tenga que elegir entre su empleo y su vida.