Publica DOF la Ley General de Aguas; Conagua realizará estrategia contra el acaparamiento
El Diario Oficial de la Federación publicó la Ley General de Aguas. Conagua implementará una estrategia nacional para combatir el acaparamiento y garantizar el acceso equitativo al recurso hídrico en México.
Por Mario Victorino
El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva Ley General de Aguas, junto con reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Esta legislación redefine el régimen hídrico nacional bajo el principio de que el agua es un derecho humano y no una mercancía.
Principales cambios de la Ley
- Reconocimiento del agua como derecho humano, garantizando un suministro mínimo para consumo básico incluso en casos de falta de pago.
- Reforma al régimen de concesiones, con nuevas reglas para evitar concentración de títulos en pocas manos.
- Prohibición de suspender totalmente el servicio de agua potable y saneamiento, asegurando acceso mínimo a todas las personas.
Estrategia Nacional de Conagua
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) será la encargada de elaborar una Estrategia Nacional contra el acaparamiento, en coordinación con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y con aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esta estrategia incluirá:
- Diagnóstico de concesiones y uso del agua en todo el país.
- Medidas para prevenir la sobreexplotación de acuíferos.
- Acciones para erradicar el mercado negro del agua.
- Proyecciones y metas a 10, 20, 40 y 60 años para garantizar sostenibilidad.
Impacto esperado
La nueva ley busca frenar prácticas históricas de concentración de agua en manos de grupos privilegiados, como se documentó en concesiones otorgadas a exfuncionarios y familias influyentes. Conagua tendrá la responsabilidad de ordenar el sistema de concesiones y asegurar que el recurso se distribuya de manera equitativa.
Relevancia social
El agua deja de ser vista como mercancía y se consolida como un derecho humano. La medida responde a décadas de denuncias sobre acaparamiento y falta de acceso en comunidades vulnerables, y marca un cambio estructural en la política hídrica del país.