La SCJN también estudiará si los derechos a la educación e integridad de los estudiantes justifican la revisión de sus pertenencias con el operativo Mochila Segura.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza las implicaciones jurídicas del operativo Mochila Segura en la Ciudad de México que busca que los estudiantes no introduzcan alcohol, drogas o armas a los planteles educativos.
Ello, luego de que un padre de familia denunció que el operativo viola los derechos de sus hijos basando en el artículo 14 constitucional que señala que nadie puede ser privado de sus posesiones si no es por medio de una resolución judicial.
Las instituciones del gobierno federal con más recomendaciones realizadas por la CNDH son la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Señaló que en los operativos en los que policías revisan los útiles de los alumnos en las escuelas públicas, no sólo se decomisan artículos ilegales, sino también celulares, equipos electrónicos, juguetes y otros artículos que las autoridades escolares que las autoridades consideren no adecuadas sin justificación alguna.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández atrajo el caso y analizará la obligación del Estado mexicano de satisfacer el derecho a la educación de calidad con elementos mínimos seguridad en relación con el operativo Mochila Segura.
Además, se podría ponderar el principio del interés superior del menor y los derechos a la intimidad, privacidad y presunción de inocencia de los menores, entre potros, en relación con el programa.
La SCJN también estudiarán si los derechos a la educación e integridad de los estudiantes justifican la revisión de sus pertenencias, o bien, los estándares para que se realice esta acción.
El pasado 4 de agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que el operativo Mochila Segura aplicado durante la administración de Miguel Ángel Mancera en la capital violó los derechos “a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas públicas y privadas de educación básica”.
Afirmó que este operativo tal como fue aplicado carecía de un enfoque a los derechos humanos, al presuponer que niñas, niños y adolescentes cometerían algún delito.
Con información de Notimex y La Jornada.