Ciudad de México, 24 de abril de 2024 — El proceso electoral en México ha tomado un giro sombrío, marcando un hito trágico en la historia del país. Desde el 7 de septiembre de 2023 hasta el 21 de abril de este año, se han registrado 386 hechos de violencia relacionados con las elecciones, dejando 501 víctimas. Estos incidentes incluyen amenazas, atentados, secuestros, desapariciones y homicidios. El promedio diario de víctimas es de 2.2, y si esta tendencia persiste, se proyecta que se alcancen 600 víctimas, el doble de lo reportado en los comicios federales de 2020-2021, donde hubo 299 víctimas de violencia política.
Un estudio realizado por Integralia revela que 15 estados están en alto riesgo de intervención del crimen en sus elecciones locales. En estos estados, hasta el 80% de su territorio está controlado por el crimen organizado o es disputado por grupos criminales. Los estados más afectados son Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos. La intervención del crimen en las elecciones se manifiesta a través de violencia política, movilización o desmovilización del voto, financiamiento a campañas, imposición de candidaturas y la intervención directa en casillas.
Esta situación es alarmante, ya que refleja una expansión de los regímenes criminales, convirtiendo la democracia en un mecanismo para que estos grupos asuman el control de los territorios y regulen la vida política, económica y social del país. Las autoridades y la sociedad civil deben unirse para enfrentar este desafío y garantizar elecciones libres y justas en México.